Al ser consultada formalmente sobre su ocupación, la mujer afirmó tajantemente que "trabajaba de médica", a pesar de que los investigadores han confirmado que no cuenta con el título habilitante requerido para ejercer la profesión.
La situación procesal de Ojeda es sumamente grave, ya que el fiscal Marcelo Soto la imputó por los delitos de usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual. Esta última calificación penal es la más severa, ya que contempla una expectativa de castigo que oscila entre los 8 y los 25 años de prisión.
La magnitud del daño causado por la falsa profesional es alarmante: se estima que realizó 1.245 atenciones médicas en la guardia del hospital de Quitilipi. Además de haber firmado al menos diez actas de defunción, se le atribuyen varias muertes y un caso negligente donde un joven sufrió la amputación de una pierna debido a su accionar.
Como parte de su estrategia legal, los abogados de la imputada presentaron un planteo de incompetencia para intentar apartar al fiscal Soto de la investigación. Mientras el Juzgado de Garantías resuelve este pedido, el número de denuncias en su contra continúa en ascenso, sumando nuevos testimonios de víctimas afectadas en la localidad de Quitilipi.
Actualmente, Ojeda busca evitar a toda costa su traslado a la cárcel de mujeres de Resistencia, solicitando permanecer alojada en Sáenz Peña. Aunque las autoridades policiales sugirieron el traslado para prevenir posibles fugas o conflictos con otras internas, tanto la defensa como el propio fiscal se han opuesto a dicha medida por el momento.
