Estas órdenes militares permiten reconstruir, paso a paso, las actividades de la nave bajo el mando del capitán Pedro Fernández antes de su trágica implosión con 44 tripulantes a bordo.
En el proceso judicial, cuatro ex altos mandos de la Armada enfrentan cargos por incumplimiento de deberes y estrago culposo. El corazón del debate radica en determinar el estado de alistamiento del buque al momento de zarpar y si las autoridades permitieron que la nave saliera a mar abierto a pesar de las reparaciones pendientes que pudieran afectar la seguridad de la dotación.
La misión del ARA San Juan formaba parte de la "Tercera Etapa de Mar" e incluía tareas de vigilancia y control en la Zona Económica Exclusiva, además de la identificación de buques de interés extranjeros. Entre los objetivos figuraban ejercicios de ataque submarino y el hundimiento programado de un buque dado de baja, utilizado como "buque blanco" para entrenamiento táctico.
Pese a las controversias, documentos administrativos firmados por el capitán Fernández en septiembre de 2017 calificaban al submarino como "habilitado" para operar. La tripulación contaba con personal de gran experiencia, incluyendo al propio comandante con más de 5.000 horas de inmersión y a la teniente Eliana María Krawczyk, la única mujer de la dotación.
Apenas cuatro días antes de la tragedia, el 11 de noviembre, el submarino completó con éxito un ejercicio de ataque simulado contra un destructor y una corbeta sin ser detectado. Fue el último reporte de éxito antes del 15 de noviembre de 2017, cuando el ARA San Juan perdió contacto definitivamente con tierra tras registrarse una implosión en el Atlántico Sur.
