El abogado Marcelino Leiva denunció que la causa estuvo plagada de irregularidades y que se violaron garantías constitucionales fundamentales desde el inicio de la investigación. Según el letrado, se ocultó información vital al acusado, impidiéndole ejercer su derecho a defensa de manera efectiva y oportuna.
La estrategia defensiva se basó en la teoría del "fruto del árbol envenenado", argumentando que las fallas iniciales del juez de instrucción tiñen de nulidad todos los actos posteriores. Leiva acusó de una "estratagema deliberada" entre la magistratura y el Ministerio Público Fiscal para perjudicar a su defendido mediante un engaño procesal. Además, cuestionó la objetividad del fiscal tras declaraciones periodísticas donde este manifestaba su intención personal de quitarle todos los bienes al dirigente.
Durante sus palabras finales ante el tribunal, Tito López afirmó no estar arrepentido y se definió a sí mismo como un trabajador rural con un proyecto familiar iniciado bajo el fomento nacional en 2005. El dirigente aseguró que su familia es víctima de una persecución política orquestada por órdenes directas de autoridades provinciales y nacionales. Asimismo, pidió a los jueces que no se dejen influenciar por la condena social y mediática que ya pesa sobre ellos.
Por su parte, Walter López, hijo del dirigente, denunció que el juzgado nunca les permitió declarar con libertad y defendió la legalidad de su patrimonio. Sostuvo que sus propiedades fueron obtenidas mediante el esfuerzo laboral y negó haber recibido dinero estatal "por debajo de la mesa" para beneficio personal. Al igual que su padre, vinculó directamente su detención con una maniobra política impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Tras escuchar los alegatos finales y las últimas declaraciones de los imputados, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para deliberar. Se espera que la sentencia definitiva se dicte este jueves alrededor del mediodía, poniendo fin a un proceso judicial que ha generado gran impacto en la provincia. La resolución determinará si se validan las pruebas de lavado de dinero o si se hace lugar a los planteos de nulidad de la defensa.
