En una movida estratégica para asegurar los votos en la Cámara Alta, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) aceptó excluir la reforma de la Ley de Barrios Populares de su proyecto sobre propiedad privada. La decisión, impulsada por la jefa de la bancada Patricia Bullrich, responde a la fuerte resistencia de los bloques aliados, quienes advirtieron que los cambios propuestos podrían generar centenares de desalojos en zonas incluidas en el RENABAP. Con esta concesión, el oficialismo busca concentrar la negociación en la flexibilización de la compra de tierras por parte de extranjeros, otro de los puntos que genera fricciones con los bloques dialoguistas.
A pesar de esta modificación, el núcleo del proyecto mantiene propuestas de alto impacto, como la implementación de un sistema de "desalojos exprés" y cambios profundos en la Ley de Manejo del Fuego. El nuevo régimen de desalojo reduce los plazos de intimación por falta de pago de diez a solo tres días, permitiendo ejecutar la medida en un lapso de cinco días basándose únicamente en el título de propiedad. Asimismo, se busca eliminar las restricciones que impiden la venta o el cambio de destino de tierras incendiadas por plazos de hasta 60 años, argumentando que tales limitaciones son ineficientes y afectan el derecho de propiedad.
La estrategia parlamentaria apunta a cerrar un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales entre miércoles y jueves para firmar el dictamen de comisión. LLA cuenta actualmente con 21 votos propios y necesita alcanzar los 37 para garantizar la sanción de la ley, lo que vuelve indispensables los acuerdos con monobloques y fuerzas regionales de provincias como Misiones, Chubut, Salta y Neuquén. La intención del Ejecutivo es llevar la iniciativa al recinto en una sesión que podría concretarse el martes 14 de mayo.
En cuanto a la extranjerización de la tierra, el oficialismo explora alternativas para modificar el límite actual de 1.000 hectáreas sin anular la totalidad de las restricciones. Mientras que se mantendría la prohibición de compra para Estados extranjeros, se busca flexibilizar los criterios de adquisición para particulares externos. En paralelo, fuentes gubernamentales indicaron que la reforma sobre los barrios populares, que pretendía trasladar la gestión a municipios y provincias, será discutida en una ley independiente para no obstaculizar el avance del paquete actual.
