Esta decisión es una consecuencia lógica tras el reciente fallo que dejó sin efecto la condena de 16.000 millones de dólares que obligaba al país a indemnizar a fondos privados.
Como parte de esta resolución, el tribunal canceló la audiencia que estaba programada para el próximo 16 de abril. En dicha instancia se debían tratar apelaciones críticas, entre ellas el reclamo de Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar acciones de la petrolera a los acreedores.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio, enfrenta ahora un escenario judicial que especialistas califican como "cuesta arriba". Sus opciones se reducen a pedir una revisión por el plenario de la Cámara o intentar un recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, habiendo solicitado ya una prórroga hasta el 8 de mayo para definir su estrategia legal.
El fundamento central del éxito argentino radica en que las leyes dictadas por el Congreso prevalecen sobre el estatuto de YPF. La mayoría del tribunal determinó que, bajo la legislación nacional, los estatutos de una sociedad anónima son normas de organización interna y no contratos bilaterales exigibles que obliguen al Estado a indemnizar a privados tras una expropiación.
Con las apelaciones en suspenso, la causa queda en una etapa de espera hasta que la sentencia principal quede firme. Por el momento, el fallo ratifica que los reclamos de daños por incumplimiento de contrato presentados por los accionistas minoritarios no son reconocibles según la ley argentina, lo que representa una victoria jurídica de gran magnitud para el país.
