El funcionario presentó una apelación al considerar que el procesamiento dictado recientemente dejó fuera componentes centrales de la maniobra delictiva original.
Navas Rial cuestionó que se excluyera el denominado “subconcepto 551”, vinculado a los millonarios ingresos por patrocinio oficial de los torneos de fútbol. Según el fiscal, este punto no es un detalle accesorio, sino que constituye una “parte inescindible de la maniobra investigada”, ya que en ese ítem se concentran los montos más significativos de las presuntas retenciones no depositadas.
En su presentación ante la justicia, el fiscal advirtió sobre la gravedad de recortar los hechos imputados de manera restrictiva. Al respecto, Navas Rial sostuvo tajantemente que “esta forma de resolver importa un cierre anticipado del proceso”, señalando que el juez realizó un análisis fragmentario que altera la base de la imputación contra los directivos.
La investigación gira en torno a unos 19.000 millones de pesos en retenciones no depositadas al sistema de seguridad social entre 2024 y 2025. El fiscal insistió en que el planteo judicial “no se debe simplificar en sólo 'bajar el monto', sino en una reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación”, lo que limita la posibilidad de reconstruir integralmente lo sucedido.
Finalmente, la Cámara en lo Penal Económico deberá decidir si acepta el pedido de la fiscalía para ampliar los procesamientos y elevar los embargos, que actualmente son de 350 millones de pesos para los principales acusados. Por el momento, la justicia mantiene la prohibición de salida del país tanto para Tapia como para Toviggino mientras avanza el proceso.
