El gobierno de Javier Milei ha escalado la crisis diplomática con la República Islámica de Irán al declarar "persona non grata" a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires. A través de un comunicado oficializado por el canciller Pablo Quirno, se le ordenó al diplomático abandonar el territorio nacional en un plazo máximo de 48 horas.
Esta drástica medida es una respuesta directa a un comunicado "amenazante" difundido previamente por el régimen teocrático de Teherán. En dicho documento, Irán calificó como una "ofensa imperdonable" la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas y advirtió que tal acción genera "responsabilidad internacional" para nuestro país.
La Cancillería Argentina rechazó categóricamente las expresiones de Irán, calificándolas de "acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes" contra las autoridades nacionales. El texto oficial sostiene que estas declaraciones representan una "inaceptable injerencia en los asuntos internos" y una tergiversación de decisiones tomadas conforme al derecho internacional.
Asimismo, el Gobierno vinculó esta expulsión con la histórica falta de cooperación de Irán en la investigación del atentado contra la AMIA. Se denunció el incumplimiento sistemático de las órdenes de detención internacionales y la designación en altos cargos de la Guardia Revolucionaria de personas requeridas por la Justicia argentina por su presunta participación en los ataques terroristas de los años 90.
Finalmente, esta decisión consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos e Israel en el actual escenario de conflicto en Medio Oriente. Con la salida del principal representante diplomático iraní, la relación bilateral entra en una fase de deterioro acelerado, reafirmando la postura del Ejecutivo de no tolerar agravios de estados que obstaculicen el avance de la justicia.
