Kiener explicó que, debido a la legislación actual, el menor es considerado "no punible", por lo que se acordó que permanezca en un dispositivo a puertas cerradas con acompañamiento terapéutico. El letrado manifestó el respeto de su estudio hacia los damnificados, calificando el hecho como una "tragedia lamentable" que debe ser abordada de manera integral por la justicia y el gobierno.
Durante las entrevistas mantenidas, el joven le confesó a su defensa que se percibía a sí mismo como un "bicho raro" que no lograba encajar en su entorno social. Según relató Kiener, el menor manifestó que tenía pensamientos suicidas desde los 10 años y que recientemente había comenzado a autoflagelarse, algo que no se había animado a contarle a su psicólogo. A pesar de lo ocurrido, el adolescente aseguró que no sufría episodios de bullying y que mantenía una relación "normal" con sus padres, similar a la de cualquier chico de su edad.
Respecto a la consciencia del menor sobre el ataque, el abogado señaló que el joven reconoció la gravedad de sus actos al afirmar que "se mandó un desastre". Kiener indicó que el agresor evadió responder sobre el desencadenante específico del hecho y que, en los primeros momentos tras su detención, no preguntó por la cantidad ni la identidad de las víctimas. “Cuesta encontrar una respuesta coherente o lógica en toda esta situación”, admitió el defensor al referirse a la dificultad de comprender los motivos detrás del crimen.
Finalmente, el abogado aclaró que el arma utilizada fue sustraída sin el conocimiento ni la autorización de la familia, quienes no imaginaban que el joven pudiera tener acceso a ella. La defensa subrayó que el adolescente presenta un problema de salud mental que lo convierte en un "peligro para sí mismo y para los demás", por lo que requiere un tratamiento especializado urgente. Kiener concluyó que el derecho penal suele llegar tarde en estos casos y que ahora la prioridad es cumplir con los peritajes para determinar cómo continuará el abordaje terapéutico del menor.
