La medida judicial responde a la presunta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por una cifra superior a los $19.000 millones entre los años 2024 y 2025.
Según la resolución, los directivos habrían omitido deliberadamente el ingreso de los tributos para generar una “mayor disponibilidad de fondos” para la entidad. El magistrado destacó que la AFA contaba con recursos suficientes provenientes de sus sponsors para cumplir con sus obligaciones fiscales, pero se decidió postergar estos pagos de manera sistemática.
Además del procesamiento, el juez impuso un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes personales de Tapia y Toviggino, afectando también a la AFA como persona jurídica. Aunque los acusados no recibieron prisión preventiva, se les dictó la prohibición de salida del país y la obligación de pedir permiso si se ausentan de sus domicilios por más de 72 horas.
La causa también involucra a otros dirigentes de peso, como el secretario general Cristian Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Todos son señalados como responsables del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, un cargo agravado por haber sido cometido a través de una estructura organizativa.
Este complejo escenario judicial surge en un momento crítico, a solo tres meses del Mundial, marcando la primera vez que un presidente de la AFA queda procesado en una causa penal. Mientras las defensas apelan argumentando la inexistencia de delito, la justicia sostiene que la infracción se consumó al no realizar los depósitos en los plazos legales correspondientes.
