Las víctimas eran sometidas a explotación laboral, hacinamiento y violencia física, careciendo por completo de atención médica y derechos básicos fundamentales.
Los niños eran obligados a realizar tareas de albañilería, preparación de cemento y limpieza de desechos de 31 perros y dos caballos dentro del predio. Estas extenuantes jornadas laborales se extendían incluso bajo la lluvia o hasta la medianoche, utilizando herramientas peligrosas como machetes para cortar maleza sin ningún tipo de supervisión adulta adecuada.
La investigación determinó que, si los menores se resistían a cumplir con las tareas, eran golpeados o privados de alimento, llegando al extremo de ser obligados a dormir a la intemperie o junto a los animales. Además, tenían estrictamente prohibido el contacto con vecinos para evitar que se conociera lo que ocurría, lo que resultó en la interrupción total de su asistencia a la escuela.
Por el hecho, la Policía detuvo a las dos dueñas del lugar, mientras se investiga a dos funcionarias del Servicio Zonal de La Matanza por presunto encubrimiento. Según la acusación, una de las funcionarias habría alertado a las detenidas vía WhatsApp para que eliminaran evidencias y acondicionaran el lugar antes de que se produjera el allanamiento.
El procedimiento fue ejecutado por el área de Cibercrimen contra las Infancias de Berazategui, donde se incautó documentación, computadoras y teléfonos celulares de interés para la causa. Mientras las responsables permanecen detenidas tras negarse a declarar, los 13 menores ya han sido identificados para recibir la asistencia necesaria ante la grave vulneración de sus derechos.
