El conflicto en las universidades nacionales se profundiza ante el inminente inicio del ciclo lectivo 2026. Los gremios docentes lanzaron un paro nacional para el próximo 16 de marzo en reclamo de la convocatoria a paritarias y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento.
Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) confirmaron que la huelga se extenderá, inicialmente, hasta el 22 de marzo. Por su parte, la Asociación Gremial Docente de la UBA fue tajante al condicionar el retorno a la actividad: "No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente". La jornada de protesta incluirá movilizaciones y clases públicas destinadas a difundir la gravedad de la crisis entre la comunidad.
La disputa tiene un trasfondo legal complejo que se remonta a octubre del año pasado, cuando el Congreso rechazó los vetos presidenciales y promulgó la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, el Gobierno nacional mantuvo suspendida su ejecución a la espera de partidas presupuestarias específicas en el Presupuesto. Aunque la Justicia falló a favor de los rectores, el Poder Ejecutivo apeló la medida cautelar que lo obligaba a actualizar los salarios y becas de forma inmediata.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de todo el país, advirtió que el próximo cuatrimestre será "crítico" debido a la asfixia presupuestaria. Según los representantes universitarios, el nuevo proyecto presentado por el Gobierno en febrero "desvirtúa el espíritu de la ley original", agravando la incertidumbre sobre la normalidad académica. La falta de cumplimiento de las disposiciones vinculadas a la actualización de partidas sigue siendo el principal punto de fricción.
La situación salarial de los trabajadores es alarmante, con reportes que indican que en instituciones como la UNNE, hasta el 85% de los docentes percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. Mientras el conflicto se profundiza en la previa al inicio de clases, la comunidad educativa aguarda una respuesta oficial que permita destrabar la parálisis financiera. Sin una solución a la vista, el sistema público de educación superior enfrenta uno de sus mayores desafíos operativos en años.
