El oficialismo envió formalmente el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados con la firme intención de acelerar su aprobación definitiva. De esta manera, el presidente Javier Milei podrá destacar estos hitos legislativos durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.
Para cumplir con los plazos previstos, las autoridades de La Libertad Avanza planean citar a un plenario de comisiones el próximo miércoles 18 de febrero. La estrategia busca obtener un dictamen de mayoría de forma inmediata para intentar sesionar en el recinto tan pronto como el jueves 19. No obstante, para concretar este plan, el Ejecutivo deberá publicar un nuevo decreto que extienda las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
Aunque el oficialismo cuenta con el respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR para alcanzar las firmas necesarias, persisten tensiones por posibles modificaciones al proyecto. Algunos socios parlamentarios manifestaron su intención de introducir cambios a la media sanción proveniente del Senado, lo que obligaría a devolver la iniciativa a la Cámara Alta. Esta situación genera preocupación en el Gobierno, ya que cualquier demora pondría en riesgo la meta de tener la ley lista para finales de mes.
Desde la oposición expresaron un fuerte rechazo a lo que califican como un "tratamiento exprés" de una normativa con gran impacto en la sociedad. Varios diputados cuestionan que se pretenda resolver en apenas 48 horas una discusión que en el Senado demandó dos meses de análisis. Las críticas apuntan a que un debate tan acelerado impide una discusión seria y profunda sobre los cambios propuestos en el ámbito laboral.
En paralelo, el frente sindical ya organiza una respuesta ante el inminente tratamiento de la ley en el Congreso. Organizaciones como ATE, la UOM y las CTA anunciaron un paro con movilización para el día de la sesión en Diputados. Los dirigentes gremiales advirtieron que buscarán incrementar la protesta social para manifestar su descontento con una reforma que consideran perjudicial para los derechos de los trabajadores.
