La discusión por la reforma laboral sumó un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno nacional y los gobernadores a partir de la propuesta de rebaja del Impuesto a las Ganancias, ya que las provincias advierten que la medida podría generar una fuerte caída de recursos en 2027, un año clave desde el punto de vista político.
El Ejecutivo propuso reducir desde 2026 la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas del 35% al 31,5%, junto con una baja de las contribuciones patronales, un esquema de IVA anticipado para el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y una disminución de impuestos internos, con el objetivo de estimular la actividad económica y el empleo.
Desde las provincias sostienen que el impacto de este paquete impositivo superaría los 3 billones de pesos, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que el efecto fiscal se sentirá recién en 2027 y que rondará los 1,5 billones de pesos, cifra que igualmente genera preocupación en las administraciones locales.
El Gobierno mantiene una postura firme y busca negociar sin modificar el núcleo de la iniciativa, mientras que los mandatarios provinciales se muestran inflexibles ante la posibilidad de enfrentar una merma en la recaudación en un año en el que la mayoría deberá renovar mandatos o definir futuras candidaturas.
Además de la rebaja de Ganancias, el proyecto contempla beneficios fiscales como la devolución anticipada de IVA y la amortización acelerada para inversiones productivas, la actualización de quebrantos por inflación, la eliminación de impuestos internos en distintos rubros y una reducción de las contribuciones patronales del 18% al 15% para industrias y pymes, medidas que en conjunto profundizan el debate sobre el equilibrio fiscal y la coparticipación.
