El Poder Ejecutivo definió avanzar con la Ley Penal Juvenil incluyéndola en el temario de sesiones extraordinarias, tras una reunión de la mesa política encabezada por Manuel Adorni y Karina Milei. La urgencia del tema volvió a instalarse en la agenda pública a raíz del caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, lo que impulsó la articulación entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Justicia.
Aunque la gestión de Javier Milei aspiraba originalmente a reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, fuentes oficiales admiten que el consenso obtenido en comisiones durante 2025 establece el límite en los 14 años. El objetivo es unificar los distintos proyectos presentados para sintetizar una normativa única que reemplace a la Ley de Minoridad vigente desde 1980, adecuando al país a estándares de la región como Uruguay (13 años) o Brasil (12 años).
El cronograma legislativo presenta desafíos importantes, ya que las sesiones extraordinarias se extenderán solo del 2 al 27 de febrero. El oficialismo busca ser "quirúrgico" con los tiempos, dado que la prioridad inicial de febrero será la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, sumado a que el calendario cuenta con pocos días hábiles debido a los feriados de Carnaval.
Para optimizar la tarea, la estrategia consiste en iniciar el tratamiento en la Cámara de Diputados, considerando que la mayoría de los proyectos enviados recientemente ingresaron por el Senado. En caso de que el debate demande más tiempo del previsto en febrero, el Gobierno no descarta que la discusión se traslade al inicio del período ordinario en marzo.
Finalmente, desde el oficialismo aclararon que este proyecto se tratará de manera independiente a la reforma del Código Penal, la cual fue postergada para marzo para concentrar esfuerzos en las leyes económicas. De esta manera, se busca garantizar que el nuevo régimen penal para adolescentes de entre 13 y 18 años cuente con el respaldo técnico y político necesario para su sanción.
