El estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional MICS 2019-2020 de Unicef y Siempro, confirma que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes sigue siendo un "problema estructural" en el país.
Las cifras del castigo físico son contundentes: uno de cada tres niños recibe este tipo de agresión como método disciplinario. Específicamente, el 35,4% de los chicos de entre 1 y 14 años sufrió castigos físicos, y un 6,6% fue víctima de agresiones severas, tales como golpes con objetos o palizas. Además, más de la mitad de los niños es víctima de agresiones verbales en su entorno familiar.
La carencia de métodos positivos de crianza es notable, ya que solo el 30,6% de los niños recibe métodos de disciplina no violentos, como explicaciones o estrategias de redirección de conducta. Estos datos se complementan con los registros de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de 2024, los cuales indican que los menores representaron el 30% de las víctimas en casos de violencia familiar, con nueve de cada diez teniendo vínculo familiar con el agresor.
En cuanto a las modalidades de maltrato, la violencia psicológica fue la forma más frecuente, superando el 90% de los casos, seguida por la física, que se detectó entre el 34% y el 39% de las víctimas. El grupo etario más afectado por la violencia fue el de 6 a 10 años. El Observatorio advirtió que el maltrato infantil no solo vulnera derechos, sino que también incrementa el riesgo de problemas de salud mental, ideación suicida y dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo.
Esta vulnerabilidad estructural se extiende también a otras áreas críticas como la educación inicial y la salud. Si bien la escolarización primaria es casi universal (98,8% entre 5 y 12 años), solo el 53,5% de los niños de 3 años accede a la educación inicial. Respecto al acceso sanitario, el 47,5% de los niños hasta 4 años depende exclusivamente del sistema público, haciéndolos especialmente vulnerables ante demoras en la atención.
