Esta votación, que se dio en una sesión incómoda para la Casa Rosada, representa un claro desafío al Presidente Javier Milei, quien el año pasado vetó una ley similar. La iniciativa propone la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento y la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes, entre otros puntos.
El proyecto obtuvo un amplio apoyo con 158 votos afirmativos, frente a 75 rechazos y 5 abstenciones, lo que evidencia el respaldo generalizado, a pesar de no alcanzar la mayoría especial de dos tercios por apenas un voto. El grueso de los votos provino de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR. La propuesta fue impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Diputados de la oposición, como Danya Tavela de Democracia para Siempre y Gabriela Brouwer de Koning de la UCR, enfatizaron que la discusión se debe a la falta de cumplimiento del Gobierno en presentar la Ley de Presupuesto por segundo año consecutivo, lo que generó un "atraso histórico" en el sistema universitario. Coincidieron en que la educación pública no es un gasto, sino una "inversión" estratégica para el desarrollo del país, contradiciendo la postura libertaria que busca evitar el déficit a toda costa.
En la previa de la sesión, el oficialismo intentó, sin éxito, impedir el quórum, concentrando esfuerzos en restar voluntades e incluso hablando con gobernadores. Sin embargo, la oposición logró reunir los 131 presentes necesarios (se requerían 129), mayoritariamente con el apoyo de Unión por la Patria, radicales disidentes, el bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Algunas ausencias notables, influenciadas por gobernadores, no fueron suficientes para detener la iniciativa.
Este avance legislativo subraya la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con la educación superior en el centro del debate. La media sanción es un paso crucial que ahora pasará al Senado, donde se definirá si el proyecto se convierte en ley o si el Presidente opta nuevamente por el veto, profundizando el enfrentamiento con la oposición y el sector universitario.
