El presidente Javier Milei tiene una semana para oficializar nuevos vetos a leyes que fueron aprobadas recientemente por el Congreso con respaldo mayoritario de la oposición. Las normas en cuestión contemplan una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad, iniciativas que el Gobierno considera inviables para las cuentas públicas.
De concretarse, será la tercera vez en el año que el mandatario utiliza este mecanismo para frenar gastos que, según su visión, comprometen el equilibrio fiscal. Ya lo hizo anteriormente con una suba en los haberes previsionales y con una ley de aumento en el financiamiento a las universidades.
“La casta política son genocidas del futuro”, lanzó Milei días atrás durante su intervención en la exposición de la Sociedad Rural Argentina, en referencia a los legisladores que impulsaron las leyes vetadas. Según el Presidente, implementarlas implicaría incrementar la deuda nacional en 350.000 millones de dólares a valor presente.
La Casa Rosada se mueve con cautela: todavía no firmó los vetos, pero ya trabaja en el diseño de una estrategia para blindar la decisión en el Congreso, donde necesita que al menos un tercio de los legisladores se niegue a rechazar el decreto. El problema: ambas leyes fueron sancionadas con una diferencia muy amplia de votos.
Por ejemplo, la modificación de la fórmula jubilatoria obtuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, mientras que solo 28 diputados estuvieron ausentes. En ese contexto, la posibilidad de que se revoque el veto presidencial no es descartable, a menos que el oficialismo logre alinear a sus aliados y dividir a la oposición.
El PRO, uno de los socios parlamentarios de La Libertad Avanza, aún no definió una postura. Fuentes del espacio que lidera Cristian Ritondo admiten que las conversaciones internas están congeladas por el receso invernal y que recién en la primera semana de agosto habría una reunión para discutir el tema.
Mientras tanto, las negociaciones con los gobernadores siguen empantanadas. Las provincias reclaman mayor asistencia financiera, entre ellas una parte de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una revisión en el reparto del impuesto a los combustibles. Desde algunos gobiernos locales aseguran que aún no recibieron ninguna propuesta concreta desde Nación.
En este contexto, Milei enfrenta una doble presión: por un lado, sostener su plan de ajuste fiscal, que considera clave para evitar una crisis; por otro, evitar una fractura política con sus aliados y las provincias, en plena campaña hacia las elecciones legislativas.
