Según trascendió, el Gobierno de Javier Milei busca sostener su rechazo cuestionando la validez de la sesión en el Senado y argumentando que los proyectos no contemplan el impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento necesarias. Este movimiento se produce a pocas horas de la posible oficialización de los vetos.
La estrategia jurídica del Ejecutivo, liderada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca reforzar los contenidos de los vetos para evitar futuras denuncias. En Balcarce 50 mantienen la firme intención de agotar todas las variables para no realizar la erogación presupuestaria antes de las próximas elecciones legislativas. Incluso, evalúan dilatar el proceso oficializando los vetos recién el décimo día hábil después de la sanción, es decir, el 24 de julio.
Uno de los pilares de la argumentación oficialista es la presunta ilegalidad de la "autoconvocatoria" del Senado. El Gobierno hará foco en el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que establece las atribuciones del Presidente para la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias. Con base en este punto, sostienen que lo aprobado durante la sesión del jueves no tiene validez.
Además del vicio de forma, el Ejecutivo apela a la falta de sustento económico de las leyes. Señalan que los proyectos no contemplan el impacto fiscal ni determinan las fuentes de financiamiento, un argumento ya utilizado en un veto jubilatorio anterior (decreto 782/2024). Afirman que las fuentes propuestas no cubren más del 15% de los fondos requeridos para su ejecución y que la iniciativa implica un "agravamiento del estado de emergencia del sistema previsional", violando la Ley de Administración Financiera.
Desde el oficialismo, la postura es contundente: "Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón", sentencian, asegurando que "los fondos no se van a gastar". El jefe de gabinete, Guillermo Francos, es el encargado de las negociaciones con gobernadores y aliados, buscando conseguir los 86 votos necesarios para sostener los vetos en la Cámara de Diputados y evitar así la implementación de las leyes.
