Una nueva discusión sacude a la ciudad tras la notificación para el desmonte de balcones gastronómicos, estructuras clave para numerosos comercios. Macarena Amadey, dueña de un comercio en Cangallo 613, denunció públicamente haber recibido una resolución que le exige retirar su balcón en 30 días, a pesar de haberlo instalado hace más de dos años y medio con aprobación de la gestión anterior.
El balcón gastronómico no es un anexo menor. Según Amadey, esta estructura le permitió sumar más mesas y, crucialmente, dar trabajo a más personas. La medida le fue comunicada de forma repentina y sin diálogo previo, a pesar de su consolidación como un espacio con fuerte vínculo comunitario.
La resolución, firmada por funcionarios, justifica la orden por motivos de seguridad y un plan de reordenamiento del espacio público. Sin embargo, para la emprendedora, desmantelar el balcón implica un golpe económico "profundo" que podría dejar "sin trabajo a todo nuestro personal", ya que "nuestro balcón es gran parte de nuestro pequeño local".
Amadey expresó su frustración, afirmando que nunca tuvo intención de incumplir normas y que solo busca trabajar, incluso ofreciéndose a implementar las medidas de seguridad necesarias. Lamentó que, en un momento donde se habla de libertad, se les "pongan trabas" en lugar de apoyo, dejando claro que no buscan privilegios ni son oposición.
Esta situación reaviva un debate antiguo sobre este tipo de estructuras, que ya habían generado controversia cuando la intendencia de Gustavo Martínez decidió habilitarlas. En aquel entonces, la discusión se centró en el riesgo de accidentes graves por estar montados sobre las calzadas de calles y avenidas. Ahora, la polémica regresa con la decisión de quitarlos, generando incertidumbre y preocupación en el sector gastronómico local.
