El empresario Lázaro Báez deberá cumplir un total de 15 años de prisión por las dos condenas firmes en su contra, que derivan de las causas "Ruta del dinero K" y Vialidad. Esta decisión fue resuelta por el Tribunal Oral Federal 4 el viernes 11 de julio de 2025, haciendo lugar al pedido de pena que había planteado la fiscalía.
Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico fueron quienes unificaron la pena de 15 años de prisión, sumando al tiempo de encierro el pago de una multa equivalente a seis veces el monto de lavado de activos comprobado en la "ruta del dinero K". Para tomar esta decisión, los magistrados tuvieron en consideración el monto millonario de la maniobra atribuida a Báez, que asciende a US$54.870.000, así como el dominio y disposición que ejercía sobre esa masa dineraria, lo que refleja una magnitud de afectación al orden económico y financiero.
La defensa de Báez había solicitado que la condena se fijara en seis años de cárcel, un pedido que fue rechazado por el Tribunal. Previamente, el empresario ya contaba con condenas firmes: diez años de cárcel por lavado de activos y seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad, las cuales ahora quedaron consolidadas en esta única pena de 15 años. El Tribunal también dispuso el cómputo del tiempo que Báez lleva detenido, actualmente en una cárcel en Río Gallegos, para calcular cuándo vencerá su pena.
Este fallo se inscribe en un contexto de importantes decisiones judiciales vinculadas a las causas de corrupción. Por ejemplo, en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner y los demás condenados deberán devolver la suma de 685 mil millones de pesos, según un informe realizado a pedido del Tribunal Oral Federal 2. Adicionalmente, el juez Gorini, quien también llevó adelante el juicio en el que fue condenada la exmandataria, rechazó la prisión domiciliaria solicitada por José López, exsecretario de Obras Públicas, quien fue condenado a seis años también en la causa Vialidad.
La unificación de las condenas de Lázaro Báez marca un hito relevante en la lucha contra la corrupción en Argentina, consolidando las sentencias de dos de los casos más resonantes de los últimos años. Esta resolución judicial subraya la magnitud de las maniobras ilícitas y la determinación de la justicia para sancionar los delitos que atentan contra el orden económico y financiero del país.
