En el marco de su plan de reorganización del Estado, el Gobierno nacional resolvió la disolución de tres organismos clave del sistema de transporte: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Además, avanzará con la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dependencias todas bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
En reemplazo de estos entes, se creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá la fiscalización de todas las concesiones y servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional. El decreto correspondiente ya fue redactado y será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.
La nueva agencia tendrá amplias facultades: desde controlar el cumplimiento de los contratos de concesión y las condiciones técnicas y operativas del transporte automotor y ferroviario, hasta aplicar sanciones en caso de incumplimientos, impulsar investigaciones técnicas y participar en la investigación de accidentes ferroviarios significativos.
Asimismo, podrá intervenir en la gestión de reclamos de usuarios, proponer la suspensión o caducidad de permisos de explotación, resolver conflictos derivados de la modalidad de acceso abierto y requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad para cumplir con sus funciones.
El nuevo esquema también contempla la fiscalización del cobro de tasas y aranceles por los servicios de control, con intervención previa de la Secretaría de Hacienda en su determinación.
Según los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo está habilitado a modificar o eliminar competencias, estructuras y funciones que resulten innecesarias para mejorar la eficiencia y reducir el tamaño del aparato estatal. La creación de esta agencia apunta a centralizar funciones, evitar superposiciones y optimizar los recursos del Estado.
