El senador italiano Fabio Porta, representante en el Parlamento por Sudamérica, expresó su preocupación por el decreto del gobierno de Giorgia Meloni que restringe la transmisión de la ciudadanía italiana a los descendientes nacidos fuera del país. “La situación es muy triste, principalmente por este decreto de ciudadanía que corre el riesgo de cortar definitivamente la transmisión del derecho a nuestra gran comunidad en el exterior”, afirmó en Radio Facundo Quiroga.
El decreto, con vigencia inmediata y que puede ser modificado hasta el 27 de mayo por el Parlamento, establece que solo los italianos nacidos en Italia hasta la segunda generación podrán transmitir la ciudadanía. Porta advirtió que incluso “están sacando el criterio de nacimiento en Italia y colocando que se debe tener exclusivamente ciudadanía italiana, lo cual es aún peor”, ya que más del 90% de los italianos en el exterior tiene doble nacionalidad.
El senador denunció que esta medida tiene un trasfondo ideológico. “Es una actitud xenófoba contra todo lo que es movilidad, todo lo que es extranjero. No entendemos esta decisión totalmente absurda, obsoleta e inadecuada”, sostuvo, y remarcó que incluso “embajadores de América Latina” han cuestionado la medida. No obstante, indicó que están trabajando en enmiendas para al menos “resguardar los derechos de quienes ya iniciaron el trámite”.
Porta señaló que ya hubo una reacción del poder judicial: “El Tribunal de Campobasso declaró la inconstitucionalidad del decreto, y el 24 de junio se pronunciará la Corte Constitucional”. Según el senador, “el decreto es inconstitucional porque es retroactivo”, lo cual va en contra de los principios del derecho.
Por último, el representante para Sudamérica criticó la falta de visión del gobierno italiano frente a la crisis demográfica que atraviesa el país. “Ya está causando un empobrecimiento por falta de trabajadores y estudiantes, principalmente en el sur. No se entiende una ley que va exactamente en el sentido contrario de la historia”, expresó, y adelantó que están intentando introducir modificaciones para que quienes trabajen en Italia al menos dos años puedan acceder a la ciudadanía.
