El Gobierno nacional avanza con el proyecto de la Ley Anti-barras bravas, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que busca declarar a las barras bravas como organizaciones criminales. La iniciativa, que se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica para su revisión final, propone severas penas para quienes participen en actividades ilícitas relacionadas con estas agrupaciones.
El proyecto tiene como objetivo la tipificación de las barras bravas como organizaciones criminales, abarcando delitos de asociación ilícita. Se establecen penas de entre dos y cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo. Además, contempla sanciones de hasta seis años de prisión para las autoridades de clubes que entreguen entradas a las barras.
La normativa también apunta a desarticular los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por trapitos y otras actividades ilícitas en los alrededores de los estadios. Desde el Gobierno afirman que buscan cortar las fuentes de financiamiento de las barras bravas, en un intento por reducir la violencia y la corrupción en el ámbito futbolístico.
