El Gobierno reglamentó este martes la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia, permitiendo que cualquier vehículo con seguro y revisión técnica aprobada pueda ofrecer servicios de transporte de pasajeros. La nueva normativa, oficializada a través de la Resolución Nº 57/2024, apunta a reducir las restricciones para las empresas de transporte, dándoles mayor flexibilidad para modificar rutas, establecer precios y mejorar la competitividad en el sector.

La medida, que establece un sistema simple, digital y gratuito, permitirá que los transportistas se registren en línea a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los interesados deberán completar una serie de formularios y documentos, como la nómina de vehículos y conductores, el contrato de leasing de los vehículos y las pólizas de seguros, entre otros. Una vez registrados, los transportistas podrán empezar a operar y modificar los parámetros de los servicios cuando lo deseen.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, expresó a través de X: “Cualquier interesado con vehículos en condiciones podrá convertirse en proveedor de transporte de pasajeros. Es tan simple como informar los vehículos, choferes y recorridos que planean hacer. ¡Y listo! ¡A rodar!”.

El nuevo sistema también elimina la burocracia excesiva que caracterizaba al sector, acelerando el proceso de modificación de rutas, horarios y precios. Las empresas podrán establecer libremente itinerarios, frecuencias y tarifas, siempre y cuando cumplan con los estándares de seguridad establecidos en la normativa vigente, como la revisión técnica vehicular y las condiciones de accesibilidad y seguridad vial.

Con esta desregulación, el objetivo del Gobierno es aumentar la oferta de servicios de transporte y fomentar la competencia entre empresas, lo que se espera que beneficie a los pasajeros con una mayor diversidad de opciones y precios más competitivos.

Además, el Gobierno ratificó la importancia de que las empresas cumplan con la obligación de ofrecer transporte gratuito a las personas con discapacidad, como lo establece la legislación vigente. Para asegurar el cumplimiento, el Gobierno continuará aplicando sanciones a aquellas empresas que no respeten esta normativa.